Responda a la pregunta: ¿Qué aprendiste de la película?
Plazo: Hasta las 23:55 hrs. del día lunes 23 de mayo del 2022.
19 martes Abr 2022
Posted Derecho Romano
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16 sábado Abr 2022
A manera de diagnóstico
Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ―referido al impacto de la corrupción sobre la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos― concluye que aquellas poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema sufren con mayor gravedad los impactos de la corrupción, debido a su propia condición de vulnerabilidad.
Luego de hacer una revisión de la aplicación de políticas anticorrupción en seis países, Hussmann (2006, p. 35 y ss.) señala un grupo de problemas comunes a estos casos, entre los cuales hay varios que, a pesar del tiempo transcurrido y la distancia geográfica con los países evaluados, resultan relevantes para nuestro país y la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (PNILC) que se busca fortalecer y que conviene mencionar. En primer lugar, el enfoque en normas e instituciones no parece afectar el desempeño en términos de control de la corrupción.
Al respecto, señala la autora que los países estudiados priorizaron actividades como la creación de comités o comisiones contra la corrupción, la revisión de legislación existente y la introducción de medidas para regular las conductas (códigos de ética), pero, en términos generales, dejaron de lado la implementación de esas disposiciones. Señala incluso que los indicadores adoptados en algunos de los planes que revisó están expresados en la adopción de dispositivos legales o en la creación de entidades, y estos son relativamente fáciles de cumplir en comparación con cambios efectivos de conductas.
Otra situación identificada fue la brecha entre el problema de la corrupción, que tiene una fuerte dimensión política, y la naturaleza de las medidas propuestas para enfrentarlo, que se limitaban a la dimensión tecnocrática y que, según el análisis realizado, terminarían quedando cortas. Esta brecha se expresa en la ausencia de acuerdos políticos nacionales para sacar adelante los esfuerzos anticorrupción. Asimismo, el dilema de encontrar un equilibrio entre una inevitable aproximación holística y la priorización estratégica también fue identificado en esta revisión, así como también el reto de lograr un diálogo efectivo con otros procesos de reforma más allá del papel.
A estos retos de carácter general, se puede sumar un grupo de cinco obstáculos principales que pueden afectar ese esfuerzo, así como, en adelante, la implementación de un plan revisado. Este grupo puede dividirse en dos subgrupos: uno relacionado a la situación política y otro vinculado a cuestiones institucionales y capacidades.
Sobre los Delitos contra la Administración Pública
Autor: Yvan Montoya Vivanco
El poder público es encargado, sea mediante elección, selección, designación o nombramiento, a determinadas personas con el objeto de dar cumplimiento a los fines públicos que se establecen en el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
La corrupción se produce cuando el ejercicio de este poder público es desviado de tales fines públicos y es utilizado para satisfacer intereses privados. De esta manera, la corrupción desnaturaliza los fines de nuestro modelo de Estado, toda vez que obstaculiza que la administración pública cumpla con sus funciones orientadas al bienestar general y a posibilitar el desarrollo igualitario de los ciudadanos.
En esta línea, la corrupción es un problema grave de cualquier sociedad y su mayor reproche recae en la vulneración de derechos fundamentales que aquella genera, especialmente para las personas con menos capacidad económica.
A finales del año 2000 se gestó el sistema penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios en el Perú, con la finalidad de enfrentar la impunidad de los casos de alta corrupción que reflejaban, muchas veces, el carácter sistemático y generalizado de este fenómeno en la sociedad peruana. Este sistema –siempre perfectible– demostró por mucho tiempo capacidad valiosa para investigar, procesar y sancionar casos graves de corrupción de funcionarios públicos descubiertos al final de los años 90. No obstante, desde hace unos pocos años este panorama esperanzador ha venido cambiando. Así, actualmente el sistema anticorrupción atraviesa nuevamente una cierta situación de ineficiencia para enfrentar la grave corrupción de los últimos tres gobiernos democráticos y de los gobiernos regionales y locales.
El Proyecto Anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), desde hace cinco años, viene sumando esfuerzos a la lucha contra la corrupción, procurando apoyar al sistema de impartición de justicia, brindándole insumos de calidad que puedan ser empleados en la investigación y procesamiento eficiente y de calidad de los casos de corrupción. En el marco de esta labor, se ha reelaborado el Manual sobre Delitos contra la Administración Pública, el cual busca ser un texto actualizado con la últimas reformas legislativas y mejorado respecto del Manual de Capacitación para Operadores de Justicia en Delitos contra la Administración Pública que fue publicado en 2013. La presente publicación es fruto de los debates surgidos en el seno del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
De igual forma, este nuevo manual es producto del esfuerzo y colaboración de diversas personas e instituciones a las que es necesario agradecer y mencionar. En primer lugar, agradecer a Open Society Fundation, financista del Proyecto Anticorrupción desde su inicio, en el 2011. En segundo lugar, es imperativo agradecer a Patricia Barrantes, Julia Takagi, Renata Bregaglio y Aída Ugarte, por su invalorable colaboración en el proceso de elaboración y publicación de este manual. Asimismo, es necesario agradecer a la Dra. María del Rosario Amorós, Coordinadora del Área de Sistematización de Jurisprudencia del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial (CIJ), quien en más de una ocasión ha apoyado a los investigadores del Proyecto Anticorrupción brindándoles jurisprudencia, en el marco del convenio suscrito entre IDEHPUCP y el CIJ. Finalmente, el equipo del Proyecto Anticorrupción espera que la presente publicación sea de utilidad, como lo ha sido el anterior Manual, para todos los operadores jurídicos interesados en enfrentar eficientemente la investigación, procesamiento y debida sanción de los delitos contra la administración pública más recurrentes en nuestra administración pública.
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